Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la
Supervivencia Humana
18 y 19 de Septiembre 2019, Nueva York
DECLARACIÓN
I - Imaginamos un mundo en el que las personas prosperen
formando parte de la naturaleza y donde los derechos humanos —incluidos los
derechos de los pueblos indígenas— y el ambiente se antepongan al beneficio
empresarial, en una era en que las personas estén más conectadas entre sí y con
el planeta. Deseamos vivir en sociedades seguras, igualitarias, pacíficas y
justas. Sociedades en las que cada persona y todas las comunidades disfruten de
medios de vida justos, seguros y sostenibles, participen en la toma de
decisiones sobre asuntos que afectan a sus vidas y tengan acceso a la información
y la justicia. En un mundo donde las comunidades protejan y gestionen los
bienes comunes de forma sostenible y los gobiernos y las empresas actúen de
manera responsable y rindan cuentas por las consecuencias de sus acciones.
Vemos la oportunidad y la necesidad urgente de transformar nuestros sistemas
económicos, sociales, jurídicos y políticos para garantizar la igualdad y la
protección de los derechos humanos, de detener la crisis climática y las
extinciones en masa, de proteger el futuro de nuestros hijos e hijas, de exigir
rendición de cuentas a quienes contaminan y de relegar al pasado los
combustibles fósiles y todas las prácticas empresariales no sostenibles.
Creemos que esta visión exige proteger, apoyar y mostrar solidaridad con
quienes sufren los efectos de la violencia de la crisis climática y con quienes
luchan por la justicia climática.
II - Reconocemos que la discriminación, las desigualdades y
las violaciones de derechos humanos actuales tienen su origen en conductas,
mentalidades y estructuras de poder que también están en la raíz de la crisis
que amenaza nuestro planeta. Proteger los derechos humanos y conservar nuestro
planeta y su clima exige que dejemos de tratar los ecosistemas como si fueran
mercancías y aceptemos el hecho de que la dignidad y los derechos humanos
dependen del tejido de la vida.
III. Para lograr la justicia climática, es preciso que todas
las personas reconozcamos que la emergencia climática amenaza la supervivencia
humana, el ambiente y el disfrute de todos los derechos humanos de las
generaciones presentes y futuras. De igual modo, debemos reconocer que, aunque
la crisis climática es un problema global que afecta a todas las personas, su
repercusión es mayor en aquellos individuos, grupos y pueblos que están en situaciones
de vulnerabilidad, cuyos derechos son violados y que sufren formas múltiples y
entrecruzadas de discriminación. La crisis climática también afecta a los
países de forma desigual. Sus consecuencias son el aumento de los conflictos y
de la inestabilidad política, así como la inseguridad alimentaria, el
desplazamiento y la migración. Es preciso que hagamos frente a los Estados y a
los grupos contrarios a los derechos que utilizan el colapso climático y la
necesidad de protección ambiental como excusas para negar los derechos humanos.
IV. Condenamos el fracaso de los Estados en tomar medidas
adecuadas para mitigar el cambio climático, en especial los que tienen más
responsabilidad en la crisis y los que controlan más recursos. Este fracaso
constituye un incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos
humanos. Igualmente, al no tomarse medidas eficaces y suficientes para
incrementar la resiliencia frente a los daños causados por el cambio climático,
tanto en el ámbito nacional como internacional, estas violaciones de derechos
humanos se perpetúan, sobre todo entre las personas marginadas y con menos
capacidad para hacer frente a la situación.
V. Nos alarma que los Estados sigan adoptando y promoviendo
políticas y actuaciones mal concebidas en asuntos relacionados con el clima que
al final tienen como consecuencia violaciones de derechos humanos, a menudo en
detrimento de personas y comunidades ya muy afectadas por los efectos del
cambio climático y que son las que menos han contribuido a crear la crisis. Las
medidas inadecuadas y mal concebidas en asuntos relacionados con el clima
pueden conducir al desarrollo de falsas soluciones que mantengan las emisiones
de carbono, perpetúen una economía dependiente de los combustibles fósiles y
expongan a las personas a peligros que repercuten en los derechos humanos,
especialmente aquellos de los pueblos indígenas y de otros colectivos que
sufren discriminación.
VI. Los Estados han sido cómplices en la perpetuación del
cambio climático por las empresas y prácticamente no han regulado la actuación
de las corporaciones a este respecto ni han garantizado la rendición de cuentas
por abusos contra los derechos humanos y daños al ambiente, a pesar de tener la
obligación legal de hacerlo. De hecho, muchos Estados apoyan políticas,
incluidos tratados de comercio e inversión, que promueven y conceden
privilegios y ventajas a las empresas y otorgan impunidad a industrias que
destruyen el clima.
VII. Reconocemos que determinadas empresas —especialmente
las del sector de los combustibles fósiles y la agroindustria en gran escala— y
quienes las respaldan financieramente desempeñan un papel esencial en la
destrucción de nuestro clima. Muchas de estas empresas han ignorado
deliberadamente su responsabilidad de respetar los derechos humanos,
contribuyendo a vulnerar aún más los derechos de mujeres, niños y niñas,
pueblos indígenas, comunidades locales y otros grupos afectados de forma
desproporcionada, y a la destrucción de ecosistemas en todo el planeta. En
particular, el sector de los combustibles fósiles es consciente desde hace
décadas del impacto de sus productos, pero se ha abstenido de advertir de ello
a algunos de sus inversores, al público, a las comunidades y a otras partes
interesadas, mientras se embarcaba en una sofisticada campaña de desinformación
y negación en asuntos relacionados con el clima.
VIII. Reiteramos que los Estados tienen la obligación en
materia de derechos humanos de garantizar respuestas adecuadas a la crisis
climática. Tales respuestas deben reconocer y dar prioridad a las comunidades
más marginadas y afectadas como motores del cambio. El cumplimiento de estas
obligaciones es la única forma de garantizar actuaciones más efectivas,
sostenibles y equitativas, así como una transición justa hacia la justicia
climática.
IX. Los conocimientos tradicionales y la ciencia nos han
enseñado asimismo que centrar en los derechos humanos las políticas climáticas
de mitigación, adaptación, pérdidas y daños contribuye a que las respuestas
sean más eficaces y justas, todo lo cual redunda en mayores aspiraciones
respecto a la acción en asuntos relacionados con el clima.
X. Nos preocupa sobremanera que los homicidios, la violencia
de género, las amenazas, el acoso y la criminalización que sufren los
defensores y defensoras de los derechos ambientales estén aumentando en todo el
mundo y a menudo queden impunes. Nuestra atención se centra especialmente en
quienes sufren formas múltiples y entrecruzadas de discriminación y en quienes
corren más peligro de sufrir agresiones y restricciones por motivos de género,
raza y otras formas de discriminación, como las defensoras de los derechos
humanos, los defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y
otros defensores, defensoras y comunidades excluidos y marginados. Defenderemos
frente a la represión y la persecución injustificadas a quienes se manifiesten
y participen pacíficamente en actos de desobediencia civil para exigir medidas
relacionadas con el clima. Exigimos que se reconozca la importante función de los
defensores y defensoras 3 de los derechos ambientales a la hora de promover la
elaboración de políticas, acceder a los derechos y hacer campaña por el
desarrollo sostenible.
XI. La crisis climática se puede y se debe abordar. Se
conocen ya y están disponibles una serie de soluciones políticas y técnicas
eficaces que pueden ponerse en práctica de inmediato. Gobiernos y empresas son
los principales responsables de tomar las medidas con las que sería posible
abordar y revertir los factores causantes del cambio climático, así como crear
comunidades resilientes, adaptables y sostenibles. Redoblaremos los esfuerzos
que ya hacemos para movilizar el movimiento popular más poderoso, unido y
diverso que jamás haya existido. No será posible una acción por el clima real y
transformadora sin una población y una sociedad civil totalmente involucradas.
Para lograr justicia climática, quienes firmamos esta declaración acordamos lo
siguiente:
- 1. Intensificaremos nuestros esfuerzos para que los derechos
humanos ocupen un lugar primordial en el activismo climático. Lo haremos
siguiendo el ejemplo de pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, personas que viven
en la pobreza, personas con discapacidad, personas dedicadas a la pesca, la
agricultura y la ganadería, comunidades locales, personas trabajadoras y otros
grupos afectados de manera desproporcionada que lideran la lucha contra las
actividades que destruyen el planeta y en favor de la justicia climática.
- 2. Exigiremos una actuación inmediata, audaz, impulsada por
las personas y respetuosa con los derechos humanos de magnitud sin precedentes
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger así a las
personas, los ecosistemas y la biodiversidad frente al colapso climático. Esta
actuación requiere una transformación de nuestros sistemas económicos, sociales
y políticos para abordar las desigualdades existentes en todos los aspectos de
la vida, que incluye la distribución equitativa de los recursos, en particular
mediante la reducción del consumo innecesario por grupos privilegiados. Es
fundamental que logremos una importante y rápida reducción de las emisiones
globales y un futuro sin combustibles fósiles para limitar el aumento de la
temperatura lo más posible, y en todo caso a 1,5 °C como máximo, pues los actuales
niveles de calentamiento ya están causando violaciones de derechos humanos.
- 3. Exigiremos que todas las políticas, medidas y acciones
climáticas de los gobiernos respeten, protejan y hagan efectivos los derechos
humanos, incluido el derecho de las personas a ser plenamente informadas y
empoderadas para participar de forma significativa en la toma de decisiones
relacionadas con el clima, y que las empresas cumplan con su responsabilidad de
respetar los derechos humanos en sus cadenas de suministro. Nos opondremos a
toda política o acción destinada a combatir el cambio climático o a facilitar
la adaptación climática que sacrifique los derechos humanos, o que tenga como
resultado el agravamiento de las desigualdades, el empobrecimiento, el hambre,
la desposesión y la exclusión económica, social y política.
- 4. Incrementaremos la presión sobre los países y empresas
con mayor responsabilidad en el cambio climático y con más recursos. Exigimos
que todos los países establezcan y cumplan con urgencia objetivos de reducción
de las emisiones basados en datos científicos y compatibles con la protección
de los derechos humanos, ajustándose a los plazos para su cumplimiento o
adelantándose a ellos. Nos opondremos a los intentos de trasladar la carga y la
responsabilidad que conlleva esta
transformación de los países con elevadas emisiones a aquellos que tienen menos
recursos y un historial de emisiones más bajo, y de empresas y grupos
privilegiados a grupos menos privilegiados. Obligaremos a quienes tienen más
responsabilidad en la crisis a reconocer sus propios actos y tomar medidas en
consecuencia.
- 5. Instaremos a los Estados con más recursos y
responsabilidad en el cambio climático a proporcionar los medios económicos y
tecnológicos necesarios a los países del Sur global para facilitar sus
ambiciosos planes de mitigación del cambio climático y adaptación a él.
Exigimos que esos Estados también proporcionen los medios adecuados
—indemnizaciones incluidas— a las comunidades y particulares afectados para
hacer frente a las pérdidas y los daños causados por la crisis climática,
consultándolos siempre y respetando sus costumbres y derechos individuales y
colectivos. Fomentaremos la transparencia y el uso adecuado de esos recursos y
nos opondremos a la creación de cargas económicas y deudas adicionales como
consecuencia de este apoyo.
- 6. Combatiremos sin
descanso el control empresarial de las políticas y las instituciones, y
exigiremos rendición de cuentas a los sectores que destruyen el clima y a
quienes los financian.
- 7. Exigiremos una transición justa, equitativa e inclusiva
en el proceso de abandonar los combustibles fósiles e ir hacia una agricultura
sostenible y una energía renovable que empodere a pueblos indígenas, personas
trabajadoras, personas dedicadas a la pesca, la agricultura y la ganadería y
comunidades locales, en lugar de privarlos de sus derechos. Reclamaremos
medidas que garanticen que todas las personas, especialmente las que sufren
discriminación, tienen acceso a educación en asuntos relacionados con el clima
y a los recursos, la formación, el conocimiento y los empleos dignos que son
necesarios para una transición impulsada por las personas hacia una sociedad
sin emisiones de carbono y resiliente.
- 8. Trabajaremos para conseguir la protección, el respeto y
el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluido el derecho a
sus tierras y territorios ancestrales. Reclamaremos la protección, el
reconocimiento y la promoción de los conocimientos locales y tradicionales que
han demostrado ser eficaces y adecuados para abordar la crisis climática y para
hacer posible la transición y la resiliencia tan necesarias en nuestros
sistemas de alimentación, siempre con el consentimiento de los pueblos
indígenas y en su beneficio.
- 9. Exigiremos un acceso efectivo y adecuado a la justicia de
aquellas personas y comunidades cuyos derechos se vean afectados por la crisis
climática o la falta de acción climática, incluidas las afectadas por pérdidas
y daños de origen climático y aquéllas cuyos derechos están amenazados debido a
los desplazamientos relacionados con el clima. Trabajaremos para garantizar que
pueden disfrutar del acceso a la justicia y a recursos efectivos y que se piden
cuentas a los responsables de los daños relacionados con el cambio climático.
Utilizaremos proactivamente los instrumentos jurídicos y órganos nacionales,
regionales e internacionales de derechos humanos para garantizar que las
obligaciones en materia de derechos humanos se respetan de manera efectiva para
promover la justicia climática.
- 10. Apoyaremos a todos los defensores y defensoras de los
derechos ambientales, en particular a quienes individual y colectivamente
protegen sus territorios, su acceso 5 a la tierra, sus medios de vida y el
ambiente, y a quienes trabajan para defender a las personas y al planeta de las
actividades destructivas y del colapso climático. Exigiremos un entorno seguro
y propicio, en el que todos los defensores y defensoras de los derechos
humanos, en particular quienes sufren formas múltiples y entrecruzadas de discriminación
y desigualdad, reciban protección efectiva y puedan defender y promover los
derechos humanos sin temor a castigos, represalias o actos de intimidación.
Fuente:
greenpeace.org
